CORREO ARGENTINO: EL GRUPO MACRI RECLAMARÁ 2.300 MILLONES AL ESTADO EN LUGAR DE PAGAR SU DEUDA

La empresa, que ya tiene una deuda acumulada de 4 mil millones de pesos que data del 2001 se rehusa a pagar y, por el contrario, demandará al Estado. En ese sentido, la compañía de la familia del presidente reclama 2.300 millones más intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar por la deuda.


El Grupo Macri inició una demanda para que se lo habilite a reclamar millones de pesos en lugar de pagar su deuda con el Estado y la demora de un año de la Auditoría General de la Nación (AGN) en entregar un informe que se hizo por insistencia del Gobierno tras la denuncia de la fiscal Gabriela Boquin, acerca de la existencia de un acuerdo “ruinoso” para las arcas públicas.

Hasta el momento, el Correo sigue sin pagar su deuda acumulada desde 2001, hoy superior a 4000 millones de pesos, y dobla su apuesta a ganar su demanda económica contra el Estado, en la que reclama intereses más altos de los que se había acordado pagar.

Cabe recordar que, un año atrás, salió a la luz también que el Correo  generó otras demandas en forma paralela al expediente concursal para reclamar que le devuelvan millones de pesos, por perjuicios que dice haber sufrido después de la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. A partir de esta demanda, de llegaron a generar cinco expedientes que confluyen entre sí.

Entre los expedientes creados, hay uno ante la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra, donde la empresa pide 2.300 millones más intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar como deuda, hasta el valor de la tasa activa, que oscila entre 27 y 29 por ciento. En otro expediente, ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal, plantean la inconstitucionalidad del decreto 721/04 que creó el Correo Oficial.

Cabe destacar además, que el expediente donde tramita el concurso de acreedores, donde debió hacerse el acuerdo razonable para el pago de la deuda del Correo, está prácticamente paralizado desde marzo del año pasado. El expediente propiamente dicho está ahora en un juzgado federal, el de Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal que involucra hasta al presidente Mauricio Macri, además de al ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad, su representante legal, los síndicos de la quiebra y el jueza de primera instancia.  (Politica Argentina)

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