Una pregunta inesperada sorprendió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante la extensa exposición que brindó en la Cámara de Diputados. «Cuánto corresponde a remuneraciones de funcionarios eclesiásticos», planteó la diputada radical Carla Carrizo, compañera de Martín Lousteau en el bloque Evolución.
La respuesta fue una cifra millonaria: el Estado gasta 130.421.300 pesos en los sueldos de los obispos de la Iglesia católica. A esta cifra hay que sumarle el presupuesto que destina -por ejemplo- a subsidios a las escuelas católicas y todas las acciones que realiza el Gobierno para instrumentar lo que dispone el artículo 2 de la Constitución Nacional: el sostenimiento del culto católico apostólico romano, pese a que la Argentina es un país laico.
Para la dirigente radical, lo que gasta el Estado en la Iglesia católica «es una desmesura» porque «tienen el sueldo de un juez de primera instancia, mucho más de lo que gana un maestro, y no pagan ganancias». En este sentido, y una vez abierto el camino para instalar el debate, el bloque buscará reflotar en las próximas semanas un proyecto presentado en 2016 para equiparar los sueldos de los principales funcionarios de la religión católica con lo que cobra un docente universitario.
«Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas gozarán de una remuneración equivalente a la remuneración fijada al cargo de un docente universitario titular con dedicación exclusiva», dispone la iniciativa en su artículo 1.
En los argumentos del proyecto para regular el salario de los obispos se sostiene que se busca la «eliminación de asimetrías, inequidades y desigualdades de trato de los ciudadanos argentinos ante la cuestión impositiva. Un sector exento en materia impositiva es la jerarquía eclesiástica».
(Fuente: Infobae)