Revocan la prisión domiciliaria de Etchecolatz y volverá a la cárcel de Ezeiza
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria con la que había sido beneficiado el represor Miguel Etchecolatz, quien reside en Mar del Plata desde diciembre pasado.
Con el voto de los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, el tribunal resolvió hacer lugar a los recursos interpuestos por el abogado Pablo Llonto en representación de la querella y por la fiscal María Ángeles Ramos.
El beneficio de la prisión domiciliaria para el represor generó un fuerte rechazo por parte de los organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales que realizaron varios escrachesen la puerta de la casa de Etchecolatz y una masiva movilización por el centro marplatense.
A comienzos de febrero, la representante del Ministerio Público, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, había pedido que se revocara la prisión domiciliara al imponer un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que a fines de diciembre pasado hizo lugar a la domiciliaria solicitada por la defensa del exdirector general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En su presentación, Ramos había señalado que la resolución que otorgó el beneficio resultó «arbitraria» y «carente de fundamentación», al tiempo que afectó la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.
También sostuvo que el tribunal se basó en informes médicos «parciales» agregados a la causa, pese a que contaban con otros informes forenses de mayor peso que no habilitaban el arresto domiciliario por motivos de salud. Según señaló la fiscal, la resolución cuestionada contiene una «errónea interpretación y aplicación de normas sustantivas y procesales».
Además, en el recurso de casación cuestionó que la medida dispuesta por el Tribunal no tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales oportunamente advertidos por el Ministerio Público Fiscal.
En relación a este punto, subrayó que el imputado formó parte de uno de los aparatos de inteligencia más importante de los que operaron durante la última dictadura militar, al tratarse de uno de los máximos jefes en su carácter de Comisario General a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica la posibilidad de que conserve cierto ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que lo incriminen y, de tal forma, «evadir o entorpecer el accionar de la justicia». (DIB)